Reportaje

11 marzo, 2019

Las quejas de los dueños de casa que tienen de vecino a la cárcel

Las quejas de los dueños de casa que tienen de vecino a la cárcel

 

*Han tenido que invertir en seguridad para sus casas y así evitar que extraños se suban a los techos desde donde lanzan objetos al patio de la unidad penal.

 

 

*Han enviado cartas al Ministerio de Justicia y a la municipalidad local para que se mejore la seguridad e instalar, por ejemplo, cámaras de televigilancia.

 

 

Perros ladrando, gente corriendo, autos con el motor en marcha y gritos.

Todo esto es lo que viven, casi a diario, los residentes de unas quince casas cuyos patios traseros dan hacia el muro perimetral de la cárcel puentealtina, por la calle José Luis Coo.

Las quejas de los vecinos van desde la inseguridad en la que viven, hasta solicitar que Gendarmería invierta en subir la reja que está sobre el muro.

“Nosotros hemos pedido formalmente al Ministerio de Justicia que eleve la reja porque tenemos mucha gente que tiran cosas desde fuera de la calle hacia el interior de la cárcel. Y a las personas las tenemos arriba de nuestros techos”, detalló uno de los vecinos.

El problema, de acuerdo a este residente de calle José Luis Coo, que por razones de seguridad pidió no revelar su nombre, es que se hace necesario más vigilancia, pese a que Carabineros hace rondas constantes.

“Hemos tenido control policial, pero no el que deberíamos tener como vecinos cercanos a la cárcel. Tenemos que contar con un mayor control, además de cámaras de televisión, entre otras cosas”, apuntó el vecino.

Para el vecino, lo más preocupante es que las personas son más osadas y no trepidan en subirse arriba de los techos de las viviendas a fin de lanzar objetos envueltos en bolsas hacia el patio del centro penitenciario.

 

INVERSIÓN PROPIA

 

Debido a esta última situación, es que cada una de las familias ha tenido que invertir en redoblar la seguridad de sus inmuebles a fin de evitar que desconocidos ingresen a los patios o techos para acercarse al muro de la cárcel, el que tiene una altura de unos ocho metros, a los que se le debe sumar el largo de las mallas metálicas que hay.

La mayoría optó por subir sus rejas e instalar concertina, una especie de alambre de púas, pero que se puede expandir de forma tubular.

“Casi todos los vecinos hemos tenido que invertir en seguridad para que estas personas no invadas nuestra casas. Algunos, como en mi caso, hemos tenido que gastar cerca de un millón de pesos en materiales y obra de mano. No es fácil esta situación”, describe este vecino de José Luis Coo.

En este aspecto, afirmó que muchos de sus vecinos han tenido que levantar las rejas de sus viviendas en más de alguna ocasión.

“Todos hemos hecho lo mismo y la inversión es plata que sale de nuestro bolsillo para tener más seguridad y tranquilidad”, recalcó.

 

NO HAY FECHA NI DÍAS

 

Para este grupo de vecinos, la presencia de desconocidos o familiares que se acercan a sus casas para arrojar objetos a la cárcel no tiene ni fecha definida, ni días específicos de la semana. Más bien, dicen, es de todos los días.

En este aspecto, cabe recordar que PALD publicó hace un par de semanas la detención de cuatro personas por parte de carabineros de la 20a Comisaría, al ser sorprendidos  lanzando pelotas de tenis con droga en su interior, método conocido como “pelotazos”, al patio de cárcel local.

En esta ocasión, el capitán y subcomisario de los Servicios, Roberto Cares Flores, contó que la detención se debió a un llamado telefónico que advirtió del

comportamiento sospechoso de cuatro individuos al interior de un automóvil y que se desplazaban por las cercanías de la cárcel.

De forma inmediata se dio con el paradero de estas personas a quienes se les hizo una fiscalización, donde tres de los cuatro ocupantes portaban cocaína, marihuana y pasta base en una cantidad mediana hacia arriba.

Finalmente, en este caso,  dos de los involucrados pasaron a control de detención.

“Aquí no hay fechas de navidad, año nuevo o fiestas patrias. Acá es cosa de todos los días”, afirmó el vecino que conversó con Reportajes de PALD.

 

PROMESAS INCUMPLIDAS

 

A través de diferentes solicitudes, los vecinos han pedido que Gendarmería se haga cargo de mejorar su enrejado que está sobre el muro.

Sin embargo y pese a las buenas intenciones, todo ha quedado en nada.

“Se pidió a través del Ministerio de Justicia, en ese entonces a cargo de José Antonio Gómez, donde ellos redactaron un acta donde supuestamente en el segundo semestre del años 2014 y principios de 2015 se iba a levantar esta reja. Sin embargo ya estamos en el año 2018 y no hemos recibido ninguna noticia”, subrayó este hombre puentealtino.

Para él, la inversión que tiene que realizar el Ministerio de Justicia es mínima en comparación a los tribunales que se están levantando en la avenida Domingo Tocornal.

“No deja de ser esta inversión, pero comparado con esto que pedimos, es un pelo”, acotó.

 

MIEDO CONSTANTE

 

Si bien los vecinos declaran que no han existido casos donde los desconocidos hayan llegado hasta el patio trasero, lo cierto es que el temor en constante porque no saben si están armados o no.

“Ese es el temor que uno tiene. Además no se les puede decir nada, ya que rápidamente comienzan con las amenazas. Algunos son expertos en subirse a los techos por más que la gente ponga seguridad. Queremos estar tranquilos”, recalca el vecino.

 

Los objetos que se lanzan, cuentan, a veces no alcanzan a pasar la reja y muchas veces quedan en el patio trasero de las viviendas.

“Yo tengo don objetos y no sé qué tienen adentro. No los he abierto. Espero que llegue la policía para pasarlos”, cuenta el vecino de José Luis Coo.

En rigor, se trata de un celular, con algo de droga y el otro objeto es una piedra que tiene adherido un paquete blanco, en cuyo interior, se presume, hay sustancias ilícitas.

Esta es la realidad de los vecinos que están a los pies de la cárcel puentealtina, que quieren un poco de paz y de tranquilidad ante los constantes “pelotazos” y caminatas por sus techos que deben vivir a diario.

 

HACINAMIENTO

 

De acuerdo a un informe de los fiscales judiciales que visitaron distintas cárceles del país -emitido con fecha 16 de febrero de 2018- en el año 2017 existe sobreocupación de la mayoría de los recintos penitenciarios, esto es más internos que plazas para albergarlos.

En el Centro de Detención Preventiva de Santiago Sur (Ex Penitenciaria de Santiago), por ejemplo,  su capacidad es de 2.384 internos, (según la última resolución dictada el año 2013) y tenía al momento de ser visitado el mes de julio del año 2017 la cantidad de 4486 internos, lo cual implica una sobrepoblación de más del 88%.

En este punto cabe recordar que en el año 2011 se presentó un  recurso de protección a favor de los gendarmes de la Cárcel de Puente Alto  por parte de los dirigentes de la Agrupación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup).

El presidente del gremio, en ese entonces, criticó que por una decisión del alto mando este recinto penal aumentó su población de 1.570 internos a más de dos mil en menos de una semana.

El dirigente  de Anfur advirtió en esa época que se está produciendo un colapso de la función penitenciaria y poniendo en riesgo la integridad física de los reclusos.

“La cárcel está construida para no más de mil personas y ya estamos sobre las dos mil. No queremos que hoy frente a un episodio lamentable, como por ejemplo lo ocurrido en San Miguel, sean culpados nuestros funcionarios y sean sometidos a proceso o sean encarcelados los gendarmes por malas decisiones que toman las autoridades”, expresó.

La situación de hacinamiento en estos recintos penitenciarios se ve agravada por el hecho de permanecer los internos encerrados en sus celdas por espacio de aproximadamente 15 horas diarias, en celdas abarrotadas, que por lo general carecen de servicios higiénicos y de la adecuada ventilación y luz.

Considerando los 53 recintos penitenciarios visitados en el año 2017 por los Fiscales Judiciales, en 25 de ellos había sobrepoblación de distinta magnitud, “que en los casos mencionados con anterioridad, a juicio de esta Fiscalía constituye una situación de hacinamiento”.

Cabe mencionar que en el caso de Puente Alto la población penal sobrepasa los 2.500 internos actualmente, cuya cárcel, en un principio, estaba destinada a menores de edad.

 

(Nota en edición impresa de sábado 9.3.19)